Martes Sep 16

Juicio Popular contra las clinicas de rehabilitacion

El Estado ecuatoriano fue juzgado por homofobia y encontrado culpable. Ocurrió ayer en el parque de El Arbolito, en Quito, ante algo más de un centenar de personas convocadas por las agrupaciones GLBT que protestan contra la existencia en el país de supuestas clínicas de rehabilitación donde se imparten "terapias correctivas" a gays y lesbianas. El juicio fue un simulacro teatralizado, pero los testimonios que se escucharon en él eran reales y conmocionaron a los presentes.

Hubo juez, fiscal, testigos… y un personaje, el pueblo, que cumplía el papel que suele estar reservado para los coros en el teatro clásico griego: "Soy las existencias que el Estado no quiere nombrar", repetía. "Las verdades absolutas han caído, todo lo que nos han enseñado se está desdibujando".

En medio del montaje teatral, un personaje real: Paola, una lesbiana quiteña de 28 años que permaneció 24 meses encerrada en una de estas clínicas de rehabilitación. Ahí, según su testimonio, fue golpeada, humillada, violada incontables veces, "abusada de todas las maneras como se puede abusar a una persona".

Ella fue la encargada de enunciar las acusaciones que recayeron sobre la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, "por su inacción"; el Ministerio de Salud, por admitir "la impunidad de unos establecimientos que actúan con permiso de funcionamiento en trámite"; el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes (Consep), por aplicar una ley que permite interpretar la homosexualidad como un vicio; y contra el Estado en su conjunto, por consentir que sus instituciones ejerzan la discriminación.

Karen Barba, del colectivo Causana, expuso una decena de casos parecidos al de Paola. Dijo que su agrupación recibe un promedio de dos denuncias similares cada mes y que las clínicas existen en todo el país.

Tatiana Cordero, del Taller de Comunicación Mujer, tomó la palabra para expresar la indignación de las feministas lesbianas: "Supuestamente tenemos una maravillosa Constitución -dijo-, pero no nos sirve de nada porque todavía se mantienen prácticas que son un castigo social permanente".

La asambleísta María Paula Romo; la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Ana Lucía Herrera; y una representante del canciller Ricardo Patiño, asistieron al acto y expresaron su apoyo a las víctimas de las clínicas de rehabilitación.

 

Fuente: http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2307718&idcat=19408&tipo=2#foto

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